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Los efectos de la actividad minera en la salud de los mexicanos


Marlene Cortez-Lugo, Urinda Álamo-Hernández y David Hernández-Bonilla/Revista Nexos


La minería es una de las principales actividades económicas del mundo. En las últimas décadas, la extracción mundial de minerales creció a un ritmo sin precedentes y actualmente utiliza más de 57 000 Km2 de tierra en el planeta.1 En México, el sector minero ha tenido un papel fundamental en la economía y el desarrollo. Nuestro país ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los diez principales productores de minerales. Sin embargo, esta industria extractiva causa una amplia gama de impactos sociales y ambientales.2 Estos derivan de los pocos vínculos que tiene con la economía local, dada la severa degradación ambiental que provoca en los ecosistemas, y porque altera el tejido social, en algunos casos incluso desencadenando dinámicas políticas que dan lugar al deterioro de la gobernanza y a graves conflictos sociales.3 Además, la actividad minera involucra una serie de violaciones a los derechos humanos, provoca el desplazamiento de poblaciones y en ocasiones explota sitios que tienen significados culturales importantes para las comunidades. Finalmente, los pobladores que viven en zonas aledañas a los proyectos mineros están expuestos por distintas vías a metales pesados y sustancias tóxicas, lo que provoca afectaciones de corto y largo plazo a su salud.4


Efectos en la salud


La exposición a metales y metaloides puede darse durante la extracción, el procesamiento, el manejo de los jales (apilamiento de los residuos mineros después de que los minerales han sido extraídos de las rocas que los contienen), o a través de la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos. Muchos de estos metales y metaloides como el manganeso (Mn), el plomo (Pb), el mercurio (Hg) y el arsénico (As), entre otros, tienen efectos dañinos para la salud según prueban diversos estudios. Entre ellos, el desarrollo de diabetes mellitus gestacional,5 efectos genotóxicos (daño al material genético por agentes físicos como la temperatura, la luz ultravioleta o rayos X), químicos (metales, contaminantes atmosféricos como material particulado) o biológicos (alérgenos, bacterias, virus, desechos orgánicos),6 efectos neurológicos y neurocognitivos, e inclusive el desarrollo de algunos tipos de cáncer.7


Las comunidades que viven cerca de la actividad minera se enfrentan a una serie de consecuencias derivadas de ésta. Entre ellas, el crecimiento de la población, la inestabilidad económica y la degradación de las tierras. Las condiciones de empleo, los medios de vida y ciertos factores sociopolíticos de las comunidades mineras están vinculados a peores resultados en materia de salud. Problemas en las relaciones familiares, la falta de cohesión entre las comunidades y afectaciones a la salud mental se han relacionado con la actividad minera. De igual modo, los cambios en la ecología vectorial (ciclos vitales de la fauna, la alimentación, comportamientos, etc.) que resultan de la modificación del medio ambiente se han asociado con una mayor prevalencia de enfermedades infecciosas.


La información sobre las consecuencias concretas que tiene la exposición de mezclas de contaminantes mineros sigue siendo poca. Esto se debe a la dificultad para medir los diferentes contaminantes —en términos de costos y logística de campo—, así como al análisis de los datos y, por lo tanto, no son contempladas dentro de los impactos que se reportan de esta actividad. Pese a ello, algunos estudios sobre México prueban que la exposición de las mujeres embarazadas a la actividad minera puede provocar trastornos en el crecimiento fetal, además de llevar a problemas perinatales. Por ejemplo, la contaminación del río Sonora por lixiviados de sulfato de cobre se ha asociado con una disminución de la fecundidad en mujeres expuestas al río.8 Entre los niños del distrito manganesífero de Molango, Hidalgo, se ha reportado que, entre mayor es la exposición a manganeso por aire, la función intelectual en escolares decrece, con efectos más notables en las niñas que en los niños.9 En comunidades mineras de San Luis Potosí, se llevó a cabo una evaluación de riesgo que reportó que el suelo de todos los sitios de estudio estaba contaminado con arsénico y plomo, lo que implicaba un riesgo significativo para la salud de las niñas y los niños expuestos a estos contaminantes.10 En general, se ha probado que los impactos a la salud en etapas tempranas de la vida relacionados con la contaminación por metales pueden desencadenar el desarrollo de ciertas discapacidades.


Por su parte, se han documentado efectos en el funcionamiento motor de los adultos de Molango, con una alta prevalencia de alteraciones en pruebas que miden actividad motora, especialmente aquellas que requieren de coordinación de movimientos, cambios de posiciones de las manos y dibujos secuenciales. Esto, además de presentar un menor rendimiento en pruebas cognitivas.11


Todas las personas que viven en zonas circundantes a los proyectos mineros pueden sufrir los impactos adversos que esta actividad tiene en la salud; sin embargo, existen factores que hacen a algunas personas más susceptibles que a otras. Es el caso de la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición, la exposición determinada por el rol de género, la edad, entre otras, que incrementan los efectos tóxicos relacionados con la contaminación ambiental.12 A su vez, estos factores están presentes justamente en las comunidades en donde se desarrollan la mayoría de los proyectos mineros.


Hacia una regulación de la actividad minera


Los efectos ambientales graves y duraderos de la minería ponen de manifiesto la necesidad de equilibrar cuidadosamente esta actividad con la administración de otros recursos naturales valiosos y el medio ambiente, incluidos los ecosistemas y la diversidad biológica, así como de hacerlo con apego a los derechos de la población y las comunidades locales. Que los metales sean vitales para el desarrollo humano y sean factores muy importantes en las definiciones de poder en las sociedades no debe impedir que la actividad minera sea regulada para garantizar la salud de los ecosistemas y las poblaciones.


En nuestro país, la Ley Minera le otorga a la minería un carácter preferente y de utilidad pública, por encima de cualquier otra actividad relacionada con la supervivencia de las comunidades asentadas en los territorios concesionados. De ahí que México encabece la lista de países con el mayor número de conflictos socioambientales en América Latina derivados de los impactos que genera esta actividad y que no han sido tomados en cuenta dentro de la legislación para las concesiones de los proyectos.

Para reducir los riesgos asociados a corto y mediano plazo, es necesario que disminuyan los efectos de la propia minería, lo que exige la adopción de medidas tanto a nivel de la mina como de las empresas, adoptando medidas correctivas y de mitigación. Además, es importante que el gobierno realice una revisión profunda y crítica de las regulaciones ambientales nacionales, todo ello con la participación activa de la ciudadanía.


Tanto en la legislación como en la práctica de la actividad minera se presentan deficiencias y vacíos que llevan a que los proyectos mineros no se hagan en función de una visión integral que contemple la conservación ambiental, la salud, el bienestar social y cultural. Es por ello que la legislación minera debe incluir leyes ambientales, sociales, de salud, laborales, territoriales alineadas a estándares internacionales; lo mismo que esfuerzos de coordinación intersectorial entre las Secretarías e Instituciones encargadas de regular a la actividad minera.


Algunas recomendaciones para lograr esto serían:


1. Modificar las leyes involucradas en la actividad minera, con el fin de asegurar la participación de la población en la toma de decisiones.

2. Incorporar en el marco normativo de la actividad minera un instrumento de política pública que evalúe el impacto socioambiental y en salud en las comunidades que están asentadas en el área de influencia de proyectos mineros, indicadores de bienestar a nivel individual y comunitarios, así como la viabilidad social de dichos proyectos.

3. Hacer obligatorio para las empresas mineras presentar evaluaciones periódicas de los impactos socioambientales y en salud durante el tiempo que duren los proyectos mineros.

4. Monitorear y sancionar la falta de cumplimiento de las políticas de desarrollo sostenible.

5. Diseñar un sistema de vigilancia epidemiológico en comunidades donde se lleven a cabo actividades mineras.

6. Crear una coordinación intersectorial con el sector salud para atender los problemas de salud de las personas afectadas por la actividad minera y después del cierre.

7. Considerar en los planes de manejo de riesgo las diferencias en las representaciones sociales y en la percepción del riesgo de actores vinculados con la actividad minera.

8. Impulsar estrategias de educación que concienticen a la población sobre los diversos impactos que tiene la actividad minera y cómo se relacionan con la demanda y consumo de productos de uso cotidiano.


Dada la evidencia científica sobre las afectaciones a la salud relacionadas con la actividad minera, es relevante que la población sea consciente de los riesgos ambientales y de salud que se derivan de esta actividad, así como de sus potenciales efectos en factores demográficos, de cohesión social, sentido de pertenencia e identidad. Los gobiernos son responsables de la legislación, la supervisión y la reglamentación de las cuestiones sociales y culturales derivadas de la minería y desempeñan un papel integral en la respuesta a las necesidades de salud y bienestar de las comunidades. La vigilancia rigurosa y transparente de los efectos de la minería en la salud pública, lo mismo que la formulación de políticas eficaces, no se pueden hacer esperar.

Marlene Cortez-Lugo Marlene, Urinda Álamo-Hernández y David Hernández-Bonilla Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Centro de Investigación en Salud Poblacional. Dirección de Salud Ambiental

Otros textos de esta serie: La integridad ecológica en la salud y el bienestar, de Enrique Martínez Meyer Cuerpos y desastres naturales: las personas con discapacidad, de Alejandra Donají Núñez

1 Maus, V., et al. “Global mining uses more than 57,000 km2 of land”, 2020.

2 ONU. Environment Programme. “Natural Resources for the Future We Want, International Resource Panel, 2018.

3 ONU. Environment Programme, “Gearing Extractive Industries Towards Sustainable Development. Mineral Resource Governance in the 21st Century, International Resource Panel. 2019.

4 Arana-Zegarra, M. “El caso de derrame de mercurio en Choropampa y los daños a la salud en la población rural expuesta”, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, Vol. 26, Núm. 1, enero de 2009.

5 Wang, X., et al. “Exposure to multiple metals in early pregnancy and gestational diabetes mellitus: A prospective cohort study”, Environmental International, febrero de 2020.

6 Rosa Calao, C., y Marrugo, J. L. “Genotoxic effects in a human population exposed to heavy metals in the region of La Mojana, Colombia, 2013”, Biomedica, agosto de 2015.

7 Mansour A., et al. “Risk Assessment and Implications of Schoolchildren Exposure to Classroom Heavy Metals Particles in Jeddah, Saudi Arabia”, International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16, núm. 24, 10 de diciembre de 2019; Chen, Y., et al., “Refined Assessment of Exposure and Health Risks of Heavy Metals in Water for the Children in Xigu District, Lanzhou”, Huan Jing Ke Xue, vol. 41, núm. 1, 8 de enero de 2020; Fu, Z., y Xi, S. “The effects of heavy metals on human metabolism”, Toxicol Mech Methods, vol. 30, núm, 3, marzo de 2020; Hernández-Bonilla, D., et al., “Effects of environmental exposure to manganese on the visuoperception and visual memory in Mexican children”, Neurotoxicology and Teratology, vol. 49, 1 de mayo de 2015; Rafiee, A., et al., “Environmental chronic exposure to metals and effects on attention and executive function in the general population”, Science of The Total Environment, vol. 705, 25 de febrero de 2020; Riojas-Rodriguez, H., Evaluación de impacto en salud por exposición a ozono y material particulado (PM10) en la Zona Metropolitana del Valle de México, SPM ediciones, 2014; Rodriguez-Agudelo, Y., et al., “Motor alterations associated with exposure to manganese in the environment in Mexico”, Science of the Total Environment, vol. 368, 2006; Solís-Vivanco, R., et al., “Cognitive impairment in an adult Mexican population non-occupationally exposed to manganese”, Environ Toxicol Pharmacol, vol. 28, núm. 2, septiembre de 2009; Torres-Agustín R., et al., “Effect of environmental manganese exposure on verbal learning and memory in Mexican children”, Environmental Research, vol. 121, febrero de 2013.

8 Rivera Carvajal, R., et. al., “Mining leachate contamination and subfecundity among women living near the USA-Mexico border”, Environ Geochem Health, vol. 41, núm. 5, octubre de 2019. Ver también: Sanders, A., et al., “Perinatal and Childhood Exposure to Cadmium, Manganese, and Metal Mixtures and Effects on Cognition and Behavior: A Review of Recent Literature”, Curr Environ Health Rep, vol. 2, núm. 3, septiembre de 2015; Zheng, T., et al. “Effects of Environmental Exposures on Fetal and Childhood Growth Trajectories”, Ann Glob Health, vol. 82, núm. 1, febrero de 2016.

9 García-Chimalpopoca, Z., et al., “Verbal Memory and Learning in Schoolchildren Exposed to Manganese in Mexico”, Neurotox Res, vol. 36, núm. 4, noviembre de 2019; Riojas-Rodríguez, H., et al. “Intellectual Function in Mexican Children Living in a Mining Area and Environmentally Exposed to Manganese”, Environmental Health Perspect, vol. 118, núm. 10, octubre de 2010.

10 Rodriguez-Agudelo, et al. Ob. Cit.

11 Fernández-Macías, J. C., et al. “Integrated probabilistic risk assessment in sites contaminated with arsenic and lead by long-term mining liabilities in San Luis Potosi, Mexico”, Ecotoxicol Environ Saf, vol. 197, 1 de julio de 2020.

12 Mactaggart, F., et al. “Exploring the broader health and well-being outcomes of mining communities in low- and middle-income countries: A systematic review”, Global Public Health, vol. 13, núm. 7, 2018.


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